Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 han marcado la hoja de ruta en numerosas políticas energéticas y de consumo, como la reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, que busca una drástica reducción del consumo de productos de plástico de un solo uso y prohíbe aquellos oxodegradables. Se establece así un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que tiene como objetivo la prevención de residuos, y que recae sobre la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de estos envases. Se establece una cantidad de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado. Junto a esta reducción del plástico, se busca la generación de nuevos diseños de productos que reduzcan el impacto medioambiental y permitan el retorno del producto para su reutilización, como suele llevarse a cabo con los envases de cristal para bebidas.
Por otro lado, surge una intervención de las normativas de producción, posesión y gestión de los residuos, recogiendo obligaciones y objetivos en tres capítulos de la Ley. Junto a esto, se establece la obligatoriedad de ciertas informaciones acerca de la gestión de los residuos para mejorar su trazabilidad y aumentar la transparencia, con memorias anuales y registros cronológicos para aquellas entidades o empresas que generen subproductos y a las que los utilicen, también aplicable a aquellos productores, transportistas y negociantes de residuos peligrosos. Igualmente, se regula el ámbito de los suelos contaminados y el Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR).
Junto al anteriormente citado impuesto al plástico, se suma el del depósito de residuos en vertederos que centren su operación en la incineración o coincineración, en favor de aquellas opciones más favorables medioambientalmente, como el reciclado.
A esta intervención del plástico y residuos, se suma una medida ya presente en varias Comunidades Autónomas, consistente en la obligatoriedad de ofrecer agua no envasada de manera gratuita a los establecimientos de hostelería.
Esta ley deroga, entre otras normas, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminadas y modifica otras para incorporar al Derecho español la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 2008/97/CE sobre los residuos, así como la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
Comentarios recientes