El 80% de pymes y autónomos consideran que necesitan más formación y conocimientos acerca de la actualidad burocrática de su segmento de trabajo, ya que existen una serie de cuestiones que van desde impago de facturas, la gestión del día a día y los posibles conflictos con empleados, junto con el desconocimiento de las empresas sobre las consecuencias económicas y los gastos jurídicos que podría acarrear tener un problema legal.
El tejido empresarial español asegura encontrarse en la situación más compleja vivida desde 2014, y la incertidumbre se ha convertido en una característica habitual de la actividad de pymes y autónomos, de los cuales más de la mitad carecen de servicios de protección legal externos, añadiendo una carga más a esa tensión.
La falta de tiempo, acceso y conocimiento a ayudas es otro de los grandes problemas a los que se enfrentan, algo vigente en la cantidad de ayudas que quedan vacantes a nivel nacional por falta de aplicantes.
Es por ello que la protección jurídica juega un papel fundamental en el segmento empresarial en los momentos de mayor incertidumbre.
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