La grave sequía que afecta a numerosas regiones del territorio nacional ha impulsado una serie de medidas urgentes aprobadas en real decreto-ley, con el objetivo de ayudar al sector agrario.
La reserva hídrica española ha llegado a alcanzar en este primer trimestre del año su nivel más bajo desde 1995, con un 44,1% de su capacidad. Esto ha forzado la toma de medidas laborales, fiscales y económicas que, entre otras, reducen un 20% el rendimiento neto para actividades agrícolas en el IRPF y exención de cuotas del IBI. Junto a esto, se exime del IVA rústico a aquellas explotaciones víctimas de la sequía que hayan visto reducida su capacidad de producción y rendimiento en más de un 30%.
Las dos comunidades más afectadas por la situación ambiental, Extremadura y Andalucía, se han visto beneficiadas también de medidas de carácter social, aplazando el pago de cuotas de la Seguridad Social o la reducción de la peonada de 35 a 20, a efectos de la percepción del subsidio agrario.
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